Cada vez más, numerosas empresas o personas, ya sean startups, empresas consolidadas, artistas o científicos, recurren al Crowdfunding como herramienta de financiación colectiva que sirve de alternativa a las formas de financiación tradicional consistente en la solicitud de préstamos, subvenciones o uso de ahorros propios. Un ejemplo de ello ha sido Urbanite , dedicada a la financiación de proyectos inmobiliarios a través de la puesta en contacto de promotores e inversores mediante la implantación del sistema de Crowdfunding como forma atractiva de lograr la captación de fondos y de desarrollar sus proyectos. Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el Crowdfunding y cómo se regula? ¿Qué garantías se ofrecen al inversor? ¿Existe algún límite a la inversión? ¿Cuál es su rentabilidad?

Al entrar en juego la protección y seguridad de los inversores, las normativas nacionales comenzaron a regular esta actividad creando cuerpos rígidos – como en el caso de España y su Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial– obligando a que los prestadores de servicios de financiación participativa tuvieran que cumplir con cada una de las normativas nacionales si querían ejercer su actividad, limitando así el  principio del mercado interior de la Unión Europea, y en consecuencia, reduciendo la prestación transfronteriza de este tipo de plataformas o servicios.

Fruto de ello, con el fin de fomentar los servicios transfronterizos de financiación participativa, eliminado los obstáculos existentes para el buen funcionamiento del mercado interior y garantizando a su vez un alto nivel de protección de los inversores, nace el Reglamento (UE) 2020/1503 relativo a las plataformas de financiación alternativa para empresas, que viene a establecer un marco regulador a nivel de la Unión y que consta de un periodo transitorio de convivencia con las normativas nacionales hasta el 10 de noviembre de 2022.

¿Qué implica el periodo transitorio del Reglamento 2020/1503 para las Plataformas de financiación participativa?

El periodo transitorio de convivencia entre las normas nacionales y el Reglamento 2020/1503 permite, en primer lugar, que los proveedores de servicios de financiación participativa que estuvieran en ejercicio, previo al Reglamento, puedan continuar prestando sus servicios de conformidad con la normativa española hasta el 10 de noviembre de 2022.

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor y el 10 de noviembre de 2022, los proveedores de este tipo de servicios podrán verse beneficiados por procedimientos de autorización simplificados, siempre y cuando así lo disponga cada Estado Miembro.

¿Qué tipos de plataformas son objeto de regulación?

Tanto en la Ley 5/2015 como en el Reglamento 2020/1503 su regulación se limita a las plataformas de financiación participativa que pongan en contacto a promotores e inversores y que tengan carácter predominantemente financiero, esto es, aquellas que ofrezcan un rendimiento dinerario a cambio de financiación, excluyendo así, aquellas que busquen financiación a través de donaciones, préstamos sin intereses o venta de bienes y servicios.

¿Cuándo se aplica la Ley 5/2015? ¿Qué cambiará el Reglamento (UE) 2020/1503?

La Ley 5/2015 viene a establecer como ámbito de aplicación territorial, aunque su redacción puede llegar a pecar de confusa, que las plataformas de financiación participativa estarán sujetas al régimen español cuando:

  • Ejerzan la actividad de Crowdfunding en territorio nacional, independientemente de si el inversor es español o extranjero.
  • Cuando se dirija la actividad a inversores o promotores residentes en territorio español o cuando se anuncie, promocione o se capten posibles clientes en territorio nacional.

Sin embargo, con la entrada en vigor del Reglamento 2020/1503, cabe la prestación transfronteriza de los servicios de Crowdfunding por medio del régimen de pasaporte europeo. Esto significa que la autoridad competente del Estado que le dio la primera autorización para el ejercicio de esta actividad servirá como punto de contacto con las autoridades pertinentes del Estado donde pretender ejercer su actividad y será la encargada de informar a estas sobre la intención del proveedor de Crowdfunding de operar en su Estado.

¿Quién puede ejercer la actividad de Crowdfunding en España?

La actividad de Crowdfunding o de financiación participativa se trata de una actividad que solo podrán ofrecer las plataformas autorizadas y cuya actividad consista en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario. Por lo tanto, al tratase de una actividad reservada, se requerirá previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hallarse inscrita en el correspondiente registro.

Entre los numerosos requisitos de carácter societario que se establecen para obtener la autorización, como es tener por objeto social exclusivo la realización de las actividades que sean propias a las plataformas de financiación participativa (art. 46.1 y 51 Ley 5/2015), el domicilio social, el tipo societario y la honorabilidad de los administradores, se establecen como requisitos de carácter financiero:

  • Un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de al menos 60.000€, o
  • Un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita satisfacer una responsabilidad por negligencia de una cobertura mínima de 300.000€ por reclamación de daños y un total de 400.000€ anuales para todas las reclamaciones, o
  • Una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los requisitos anteriores.

Así, como parece desprender la Ley 5/2015, las empresas, sociedades o startups que pretendan buscar financiación a través del sistema de Crowdfunding deberán acudir a una plataforma que ofrezca este servicio. Pues aun cumpliendo con los requisitos financieros y societarios impuestos, al no tener como objeto social la realización de las actividades propias de las plataformas de financiación participativa en exclusiva, no podrán crear en su propia web o negocio un sistema de Crowdfunding propio para la financiación de sus proyectos.

Sin embargo, el Reglamento 2020/1503 aporta la novedad de que las plataformas de financiación participativa no estarán obligadas a tener por objeto social exclusivo la realización de actividades propias a las plataformas de financiación participativa, permitiendo que presten servicios de custodia de activos de clientes y de servicios de pago, así como de gestión individualizada de carteras de préstamos y de proposición a cada inversor de proyectos de financiación participativa específicos.

¿Qué requisitos debe tener el Proyecto para ser admitido por una Plataforma de Crowdfunding?

De acuerdo con la Ley 5/2015, los promotores de los proyectos, es decir, los agentes que buscan financiación no podrán hacer ofertas de financiación simultáneas. Es decir, solo podrán promover la financiación de un único proyecto, por tiempo definido y con una ronda de inversión máxima de 2.000.000€ en cómputo anual o de 5 millones cuando los proyectos se dirigen exclusivamente a inversores acreditados. Además, deberán actuar en su propio nombre, definiendo las características de su proyecto y destinar lo obtenido únicamente al proyecto previamente definido.

No obstante, con la entrada en vigor del Reglamento 2020/1503 el importe máximo de financiación asciende a 5 millones de euros durante un periodo de doce meses, independientemente del tipo de inversor.

¿En qué puede consistir el rendimiento dinerario?

Las formas de financiación participativa contempladas en la normativa española podrán instrumentarse a través de:

  1. La emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital, con la limitación impuesta en el artículo 50.1.a) de la Ley 5/2015 y artículo 25 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores
  2. La emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada
  3. La solicitud de préstamos que no tendrán la consideración de captación de fondos reembolsables del público

¿Qué protección se le concede al inversor?

La Ley 5/2015 hace una primera distinción entre inversores acreditados y no acreditados, en función de la cual ofrecerá una mayor o menor protección. Así, para los inversores no acreditados, esto es, aquellos que no hayan probado ante la Plataforma de Crowdfunding las condiciones establecidas en el artículo 81, se establece un máximo a su inversión en un mismo proyecto de 3.000€ o de 10.000€ en los diversos proyectos ofrecidos por la plataforma por el período de un año.

A su vez, se le impone a la plataforma de Crowdfunding la obligación de informar a los inversores no acreditados de los riesgos de la inversión, la falta de autorización y supervisión de cada proyecto por parte de la CNMV y el Banco de España, y la ausencia de respaldo con los fondos de garantía por la pérdida de la inversión.

Por otro lado, en lo que respecta al Reglamento 2020/1503, también se hace una distinción entre los tipos de inversores, diferenciando a los inversores experimentados de los no experimentados, aunque basándose en criterios distintos a la normativa española. Además, como mecanismos de protección al inversor, se introduce la obligación a la plataforma de Crowdfunding de publicar la Tasa de impago de los préstamos solicitados por los proyectos de financiación, la prueba inicial de conocimientos y simulación de la capacidad para soportar pérdidas a los inversores no experimentados y el periodo de “reflexión precontractual” que se concede a los inversores no experimentados para retirar su oferta de inversión sin mediar justificación.

¿Qué ocurre con la publicidad de los servicios ofrecidos por las Plataformas de Crowdfunding?

El Reglamento 2020/1503 da a entender que cada Estado podrá regular la publicidad de los servicios ofrecidos por las Plataformas de Crowdfunding y que, por tanto, podrán establecer el carácter y los requisitos que estimen pertinentes. No obstante, del Reglamento se desprende como condición mínima de la publicidad que ésta no deberá ser discriminatoria ni desproporcionada entre los proyectos ofertados o que estén en último curso de su financiación, y que además, deberá realizarse en la lengua oficial del Estado miembro donde se difunda la comunicación publicitaria.